Un nuevo acontecimiento marca el hito de la historia: Arturo Hernández, el abogado principal de la defensa del terrorista confeso Luis Posada Carriles, presentó cuatro objeciones este martes en torno al caso y solicitó a la jueza Kathleen Cardone que excluyera algunos de los documentos que presentarán dos funcionarios cubanos durante su testimonio.
¡Tamaño descaro!, decimos los cubanos dignos que esperamos por el enjuiciamiento de este asesino confeso, artífice de la voladura de un avión de cubana el 6 de octubre de 1976 donde perdieron la vida 73 civiles o por planificar la colocación de bombas en hoteles cubanos. Nada, que este caso constituye una prueba irrefutable de la carencia de ética de la actual administración de Washington.
Ahora resulta que la fiscalía no acusa al ex agente de la CIA, Posada Carriles de terrorismo o de asesinato, sino de negar su responsabilidad en los crímenes y tiene que responder además también por 11 cargos menores de fraude, obstrucción de procesos, perjurio y falsas declaraciones. Sin embargo, la Casa Blanca se niega a juzgarlo por sus verdaderos crímenes.
Otras causas que carga en sus hombros este “distinguido” asesino, quien alega que “esas acciones no hacen que duerma como un bebé”, es la muerte del joven turista italiano Fabio Di Celmo en 1997, en un hotel de La Habana y el proyecto de atentado en el año 2000, contra Fidel Castro Ruz en la Universidad de Panamá.
Con la estrategia a seguir en torno a este asesino, las autoridades norteamericanas, presionadas por los grupos extremistas cubanos del sur de la Florida, han puesto en absoluta evidencia la doble moral de su guerra contra el terrorismo. Es una indiscutible burla para la comunidad internacional.
El tratamiento a Luis Posada Carriles, quien está hospedado en un cómodo hotel de la ciudad de El Paso, es risible. El gobierno de Washinton, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales, tiene que enjuiciarlo como lo que es: un asesino. Argumentos suficientes los hay, de eso, estamos completamente seguros.
