El Gobierno cubano denunció hoy que Estados Unidos deniega reiteradamente los accesos consulares a René González, uno de los cinco antiterroristas de la isla condenados en el país norteño. René ha sido objeto de una nueva arbitrariedad por parte del Gobierno de Estados Unidos, que endurece las condiciones de su libertad supervisada y hace que estas se asemejen cada vez más a las de una prisión, precisa la Cancillería en una nota.
El Ministerio de Relaciones Exteriores advierte que el propósito de Washington es seguir castigando al antiterrorista, quien fue detenido en 1998 junto a Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramón Labañino y Fernando González por su seguimiento a grupos violentos que desde Miami actúan con impunidad contra Cuba.
Desde septiembre de 2012, el Departamento de Estado ha denegado todas las solicitudes de la Sección de Intereses de Cuba en Washington para que los funcionarios diplomáticos realicen las visitas consulares, las cuales había autorizado de manera permanente durante los 13 años que estuvo encerrado, agrega.
René salió de la cárcel en octubre de 2011 y desde entonces fue obligado a permanecer en Estados Unidos bajo el régimen de libertad supervisada por tres años, lo que activistas y defensores de los derechos humanos consideran una sanción adicional.
La Cancillería cubana denuncia que la conducta del Gobierno norteamericano constituye una violación flagrante de sus obligaciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.
Esa norma internacional ampara el derecho del antiterrorista a comunicarse libremente con los funcionarios de la Sección de Intereses de la isla caribeña en territorio estadounidense.
A través del texto divulgado hoy, La Habana responsabiliza a Washington por la seguridad e integridad física de René.
Junto al Gobierno cubano; juristas, cientos de organizaciones, intelectuales, más de una decena de premios Nobel y ciudadanos de decenas de países demandan a la Casa Blanca el regreso a su país de los antiterroristas, quienes estaban en suelo norteño para impedir actos como los que han dejado en la isla cerca de tres mil 400 muertos.
