Mientras transcurren las jornadas navideñas, el eventual cierre de la cárcel en la ilegal base naval ubicada en Guantánamo, Cuba, se posiciona como uno de los principales retos en la agenda del presidente estadounidense Barack Obama.
Ante la perspectiva de un Congreso opositor en ambas cámaras desde enero y tras el anuncio de acciones ejecutivas catalogadas como audaces en materia migratoria y de relaciones con Cuba, Obama dejó en el candelero -antes de viajar a Hawaii con su familia- la polémica en torno al centro de detención ubicado en territorio cubano ocupado contra la voluntad del gobierno de la isla.
El mandatario firmó la semana pasada la legislación que autoriza 585 mil millones de dólares para el Departamento de Defensa, pero envió un mensaje al Capitolio en el que señaló que la operación continua de la prisión de Guantánamo socava la seguridad nacional. «Debemos cerrarla», dijo Obama, quien volvió sobre el tema en un «talk show» en CNN durante el cual dio fe de que hará todo lo posible para lograr ese objetivo.
El inquilino de la Casa Blanca ha cuestionado las restricciones al traslado de prisioneros a centros en suelo norteamericano y a su vez ha sido objeto de críticas por las transferencias de estos a sus naciones de origen.
Desde la perspectiva del gobernante, las disposiciones del Congreso en torno a este asunto podrían bajo ciertas circunstancias violar el principio constitucional de la separación de poderes. Por ello, instó una vez más a los miembros de ambos partidos a trabajar para cerrar el tristemente célebre centro de internamiento (mantenido desde 2002), algo que considera un «imperativo nacional».
Esta semana se conoció la dimisión de Cliff Sloan, quien negociaba la clausura de dicha cárcel en la base naval de Guantánamo. Según la prensa norteamericana, Sloan renunció como enviado especial del Gobierno para la transferencia de los reos ante la frustración por la demora del Pentágono en trasladarlos tras aprobarse sus salidas.
Fuentes cercanas al funcionario dijeron que solo unos pocos prisioneros habían sido liberados -cuatro fueron trasladados recientemente a Afganistán y otros fueron acogidos en Uruguay-, mientras que a otros se les retiene innecesariamente.
Desde noviembre último han sido trasladados 17 reos y la administración piensa reducir la cantidad de ellos en Guantánamo a menos de 100, a fin de presionar al Congreso para que revoque la ley que prohíbe su traspaso a Estados Unidos.
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